La mandataria brasileña, Dilma Rousseff, se mantuvo en silencio hoy frente al agravamiento del escándalo de corrupción en Petrobras con la detención del ahora extesorero de su partido Joao Vaccari, que acerca el caso al palacio presidencial.
Vaccari, acusado de corrupción, asociación ilícita y lavado de dinero, permanecía en libertad, pero fue detenido la víspera debido a que la Policía temía que pudiera obstaculizar la investigación.
Una vez encarcelado, el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) anunció que Vaccari había renunciado al cargo de tesorero en el que había sucedido en 2005 a Delubio Soares, quien está en prisión por un sonado escándalo de sobornos parlamentarios detectado durante la gestión de Luiz Inácio Lula da Silva, antecesor de Rousseff.
La presidenta participó hoy en una ceremonia en la que juramentó al nuevo ministro de Turismo, Henrique Eduardo Alves, pero no aludió ni siquiera en forma indirecta al escándalo en Petrobras, que ha llevado a grupos políticos minoritarios a exigir un juicio con miras a su destitución.
Hasta ahora el Ejecutivo solamente se ha manifestado sobre la situación de Vaccari a través del ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, quien declaró que el Gobierno “apoya las investigaciones” y garantizará que quien haya cometido algún delito sea castigado.
La Policía ha informado de que, en el marco de la investigación contra Vaccari, se intentará determinar qué papel jugó en la red de corruptelas una imprenta propiedad de sindicatos afines al PT que, además, elaboró vasto material para la campaña que llevó a Rousseff a la reelección en los comicios de octubre pasado.
Las autoridades sospechan que esa imprenta sirvió para lavar parte del dinero obtenido con los negociados en Petrobras, lo que, según la oposición, debería extender las investigaciones a la propia campaña de Rousseff, pues podría haber sido financiada en parte por la corrupción.
“Hay un agravamiento de la crisis política, que es cada vez más próxima del Gobierno y de la presidenta”, dijo el senador Aécio Neves, del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), quien fue derrotado en las elecciones de octubre por Rousseff.
Neves dijo que “todavía” no se puede hablar de un juicio político contra la mandataria, pero reiteró que mencionar el asunto no está “prohibido”.
También aseguró que las irregularidades en el sector público son “crecientes” y destacó que este miércoles uno de los organismos fiscalizadores del país determinó que el Gobierno cometió un “delito de responsabilidad” fiscal al usar recursos de bancos públicos para inflar sus resultados y mejorar las cuentas del Estado en 2014.
“Precisamos establecer de quién fue la responsabilidad de ese maquillaje”, que “se suma a los delitos que ha cometido el partido de la presidenta”, declaró Neves.
El PSDB también pidió hoy que el Congreso investigue los negocios del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), la mayor institución de fomento del país, por préstamos otorgados a empresas involucradas en el escándalo de Petrobras.
La Mesa Directora de la Cámara de Diputados decidirá la próxima semana sobre el asunto, que pudiera constituir un nuevo flanco de ataque opositor contra Rousseff, que cumplió los primeros 100 días de su segundo mandato el pasado viernes.
El PT, que este miércoles emitió una nota en defensa de Vaccari, reunió hoy a su dirección nacional en Sao Paulo para analizar el caso y discutir la designación de un nuevo tesorero.
El encuentro fue a puerta cerrada y el PT anunció que sobre sus resultados informará mañana, viernes, el presidente del partido, Rui Falcao.
A los problemas generados por la corrupción que vuelve a salpicar al PT se añaden una economía en franco deterioro y una fragmentación de la base parlamentaria del Gobierno, que ya no responde al palacio presidencial.
Prueba de ello es un polémico proyecto que avanza en las cámaras y propone legalizar la tercerización (subcontratación) del empleo, con lo que las empresas pudieran obligar a sus empleados a convertirse en personas jurídicas y responder por sus aportes y otros derechos laborales.
Los sindicatos, que forman la base política del PT, se han plantado contra ese proyecto, que apoyan algunos partidos de la base parlamentaria de Rousseff, quien en caso de ser aprobado se verá en la disyuntiva de sancionarlo como ley y romper con la clase obrera o vetarlo y agudizar sus dificultades con el Congreso.
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